La pandemia produjo cambios en los modos de enseñanza-aprendizaje. Como docentes tuvimos que adecuarnos rápidamente, y casi sin capacitación, a la producción y adaptación de contenidos pedagógicos, a las exigencias tecnológicas y al dictado de clases mediatizadas. Este esfuerzo no solo permitió la continuidad laboral de los docentes, también permitió que las universidades de gestión privada continuaran abiertas e incrementando sus beneficios.
En el actual proceso hacia la endemia, al menos en UCES, la virtualidad se instauró como obligatoria en sus diferentes modalidades de oferta (“híbrida”, “semipresencial” y de “virtualidad plena”) trayendo consigo consecuencias adversas en las condiciones de trabajo, ya que no se reconocen las tareas de preparación de contenidos, seguimiento y atención de alumnos, costos por archivar material en la nube y que de ninguna manera quedan saldadas con la modalidad de pago a destajo por cuatro horas cátedra frente al aula. Modalidad que venimos denunciando desde los comienzos de la delegación y que se resolvería con la real anualización, como lo hacen otras universidades privadas.
Asimismo, observamos un inexplicable y arbitrario uso del número de alumnos por comisión. Por ejemplo, aulas con 60 alumnos en sedes del interior que alteran la función personalizada de la universidad privada, la exigencia de contar con 25 alumnos para la incorporación de un JTP (en clara incongruencia con el Reglamento docente y con la condición práctica de la materia), un caprichoso número para definir la apertura o no de una comisión, concentración de alumnos de distintas carreras en una misma clase, todas decisiones que conspiran en favor de la reducción o quita de horas generando consecuencias drásticas en las condiciones de trabajo.
Al mismo tiempo y paradójicamente con el cierre de comisiones, son sistemáticas las búsquedas públicas de personal docente para cubrir cargos en la virtualidad. Cuando desde la acción gremial proponemos la solución de incorporar reconocidos docentes de la presencialidad a las demandas virtuales, Uces nos responde que son dos sistemas diferentes, en realidad lo que no dicen es que los docentes de las carreras virtuales están precarizados, en calidad de monotributistas, sin contar con los derechos que les otorga la Ley de Contrato de Trabajo y no se les reconoce remuneración por los contenidos y las tutelas como plantean las normas de educación a distancia. En este sentido la nueva Ley de Teletrabajo es clara en otorgar a los trabajadores en dicha modalidad los mismos derechos y obligaciones que aquellos que cumplen igual tarea en forma presencial.
Otro aspecto a considerar es la velada exigencia a grabar las clases cuando desconocemos qué destino se le dará al material ni si está contemplada la ley que resguarda los Derechos de Imagen. Si se trata solo de un “servicio al alumno”, como nos comunican desde la Universidad, en tal caso deberíamos percibir una remuneración por esa tarea, de lo contrario se trataría de un beneficio indebido.
Creemos y trabajamos para que las decisiones relativas a las condiciones de trabajo se tomen en consenso con el cuerpo docente, resguardando el derecho a la ocupación, garantizando la carrera académica y la continuidad laboral.
Por lo tanto, instamos a:
·
Respetar el derecho a la ocupación.
·
Respetar la carga horaria histórica. No al
cierre de comisiones.
·
Encuadrar a los docentes de carreras virtuales
dentro de la Ley de Contrato de
Trabajo.
·
Dar prioridad de ocupación a los docentes
históricos en cualquier convocatoria
virtual o presencial.
·
Definir la cantidad de alumnos por comisión de
manera consensuada con los
docentes y de acuerdo a las recomendaciones pedagógicas.
Defendamos nuestros derechos y condiciones de trabajo!!
Unidos somos más fuertes !!
Cuerpo de Delegados de Sadop en Uces
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